Vivienda protegida: Estepona cede suelo público para 1.200 nuevas viviendas

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El Ayuntamiento de Estepona ha dado luz verde a la reutilización de suelos municipales para promover vivienda protegida, una decisión que desbloquea más de 1.200 VPO y puede acelerar la llegada de viviendas asequibles a la ciudad. La medida aprovecha cambios normativos recientes y busca reducir trámites para que los proyectos se pongan en marcha con mayor rapidez.

En la sesión plenaria se aprobó por unanimidad la compatibilidad de uso de 36 parcelas municipales para destinarse a vivienda protegida, lo que, según el PGOU, permitiría la construcción de hasta 738 viviendas protegidas en distintos puntos del término municipal. La iniciativa se apoya en el marco abierto por el Decreto‑Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, que permite edificar en suelos clasificados como equipamiento sin reformar el planeamiento urbanístico.

Desde abril, técnicos municipales han inventariado suelo público susceptible de este destino, priorizando parcelas con dotaciones próximas o ya previstas para garantizar servicios a los futuros residentes. El alcalde ha defendido la medida como una política social relevante en respuesta a la demanda de acceso a la vivienda.

Proyectos paralelos y próximos pasos

La compatibilidad aprobada se suma a otros desarrollos en trámite. En los próximos días el Ayuntamiento sacará a concurso cuatro parcelas adicionales para promover alrededor de 200 viviendas públicas en alquiler asequible, repartidas entre los barrios del este y el oeste.

En el sector de Camino de Cortes están previstos un total de 308 VPO. En concreto, ya cuentan con dos anteproyectos para ejecutar 110 viviendas en Camino de Cortes Sur, mientras que en la zona norte se ultima el pliego para licitar dos parcelas donde se prevén 199 unidades.

El Consistorio también tramita desarrollos con capacidad para otras promociones significativas: aproximadamente 300 VPO en Camino de Monterroso y cerca de 800 viviendas protegidas en Guadalobón y Arroyo Vaquero, ampliando la oferta pública prevista en años recientes.

  • 36 parcelas municipales: hasta 738 VPO
  • 4 parcelas (próxima licitación): ~200 viviendas
  • Camino de Cortes: 308 VPO (110 Sur; 199 Norte)
  • Camino de Monterroso: 300 VPO
  • Guadalobón y Arroyo Vaquero: 800 VPO

Las convocatorias incorporarán fórmulas jurídicas destinadas a abaratar el coste del suelo: las parcelas se sacarán con un precio máximo fijado por el Ayuntamiento, los licitadores podrán ofertar cantidades inferiores y se valorarán con mayor puntuación las propuestas que garanticen precios finales más reducidos para las viviendas, lo que en la práctica podría permitir adjudicaciones incluso a coste cero del suelo.

Normativa de movilidad y reconocimientos

En la misma sesión se aprobó definitivamente la Ordenanza Reguladora de Circulación y Uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que adapta la ordenanza local a las directrices de la Dirección General de Tráfico. Entre sus preceptos figura la prohibición de circular por aceras y túneles urbanos, así como el veto al uso de auriculares o teléfono móvil durante la conducción; también fija el régimen sancionador para reforzar la seguridad vial.

El pleno acordó además, por unanimidad, conceder el título de Hijos Predilectos de Estepona a la exconcejala María Miralles, al guitarrista flamenco José Fernández y al historiador Francisco Medina. Las distinciones se entregarán en el acto institucional con motivo del Día de Andalucía.

En un plano administrativo, la Tesorería municipal comunicó que el periodo medio de pago a proveedores se sitúa ahora en 16 días, una cifra entre las más reducidas en las administraciones públicas nacionales. La teniente de alcalde responsable del área económica recordó que en junio de 2011 ese indicador llegó a alcanzar los 1.492 días, subrayando el cambio en la gestión financiera local.

Qué pueden esperar los vecinos: en las próximas semanas se publicarán los pliegos de licitación y se avanzará en anteproyectos; el impacto real en el mercado dependerá del ritmo de adjudicaciones y de la ejecución de obra. Para quienes buscan vivienda, la iniciativa supone una posibilidad concreta de aumento de oferta pública a corto y medio plazo; para proveedores y empresas de la construcción, abre nuevas oportunidades de contratos con la administración.

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