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Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para formar el próximo ejecutivo andaluz avanzan, pero el calendario se ha convertido en un punto crítico: sin un acuerdo pronto, las cuentas y varios programas previstos podrían retrasarse hasta 2027. La portavoz en funciones, Carolina España, ha subrayado la urgencia de cerrar pactos este mes para garantizar la entrada en vigor de medidas a comienzos de año.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, España insistió en que la principal prioridad es cerrar y aprobar los presupuestos autonómicos; según su diagnóstico, cualquier demora prolongada complica la ejecución de gastos previstos y deja en riesgo partidas con impacto social inmediato.
Gestos y tiempos políticos
Fuentes de ambas formaciones defienden que las conversaciones «van por buen camino», aunque reconocen que aún quedan flecos que pueden acelerar o frenar el cierre del acuerdo. La presión es tanto técnica —para ajustar las cuentas— como política: Vox exige compromisos concretos, y el PP busca cerrar el pacto sin abrir fracturas internas.
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La consejera de Economía y Hacienda ha advertido que el calendario está acotado: para que las medidas planteadas surtan efecto el 1 de enero, conviene que el nuevo Gobierno esté constituido antes de acabar julio. De lo contrario, la tramitación de las cuentas y su aprobación podrían retrasarse y afectar a la planificación para 2027.
Decisión administrativa y recurso sobre vivienda
De forma paralela, la Junta celebró un Consejo extraordinario con un único punto en el orden del día: autorizar la interposición de un recurso ante el Gobierno central por el contenido del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El plazo para presentar la alegación expiraba, lo que obligó a convocar la sesión específica.
Inversión en dependencia
El Ejecutivo autonómico aprobó un nuevo contrato social para atención a la dependencia dotado con 776 millones de euros, destinado a ampliar la oferta de plazas en residencias y centros de día para personas mayores.
La iniciativa contempla un aumento de capacidad y un reparto concreto de recursos para los próximos años; el Consejo de Gobierno autorizó la contratación con el objetivo de mejorar la cobertura y la atención. El nuevo acuerdo sustituirá al vigente, cuya prórroga expira el 30 de septiembre de 2026.
- Importe total: 776 millones de euros.
- Plazas previstas: 26.328 (18.540 residenciales y 7.788 en centros de día).
- Incremento: alrededor de 2.000 plazas más respecto al concierto actual.
- Entrada en vigor prevista: 1 de octubre de 2026.
- Duración inicial: hasta el 30 de septiembre de 2028, con posible prórroga hasta 2030.
- Distribución económica: 603,9 millones para atención residencial y 172 millones para centros de día.
Para las familias y los profesionales del sector, este paquete supone una ampliación clara de recursos, pero su impacto efectivo dependerá de que la tramitación administrativa y presupuestaria no se demoren más allá del calendario previsto.
Qué está en juego
El pulso entre las formaciones no es solo político: de su resolución depende la capacidad de la Junta para asignar fondos y contratar servicios que protejan a la población más vulnerable. Si el proceso se aplaza, se reduce el margen para ejecutar inversiones en 2027 y se complica la planificación de plazas residenciales y asistenciales.
En las próximas semanas habrá que vigilar dos frentes: la evolución de las conversaciones entre PP y Vox y la tramitación final de los presupuestos. Ambos elementos marcarán si las medidas anunciadas se activan en los plazos previstos o si sufren un aplazamiento con consecuencias presupuestarias y sociales.
