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Tras cerrarse la búsqueda de personas desaparecidas en Adamuz, la investigación del choque ferroviario vira hacia el análisis técnico: las grabadoras de datos de ambos trenes serán determinantes para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades. Lo que se extraiga de esas cajas negras puede cambiar el curso de la instrucción y orientar medidas para evitar que una tragedia similar se repita.
El balance humano permanece grave. Actualmente hay 29 heridos hospitalizados —26 adultos y tres menores— y siete permanecen en unidades de cuidados intensivos. Las autoridades han confirmado 45 fallecidos; 43 ya han sido identificados y sus familias notificadas.
Entre los cuerpos identificados figuran 22 mujeres y 21 hombres, incluido un menor. La mayoría eran de nacionalidad española (40), mientras que tres víctimas eran extranjeras: una rusa, una alemana y una marroquí. La localización, este jueves, de los dos últimos cuerpos bajo un vagón del Alvia permitió a los equipos dar por finalizada la búsqueda de desaparecidos.
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Del operativo de rescate a la instrucción penal
Con las labores de rastreo concluidas, la investigación pasa a una fase más técnico-jurídica. La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro un informe preliminar sobre la actuación en la llamada “zona cero”. Ese expediente incluye alrededor de 2.500 fotografías y recopilaciones de declaraciones: entre ellas, las del maquinista del Iryo —el conductor del Alvia falleció—, tripulación y pasajeros.

Los forenses, peritos y agentes coordinan ahora las pruebas que deberán sustentar la instrucción. A partir de aquí no se descartan nuevas comparecencias ni diligencias complementarias conforme avance el análisis.
Las grabadoras, en el centro del escrutinio
Las dos unidades de registro serán abiertas y volcadas en presencia de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Los datos que contienen —velocidad, frenado, órdenes de control, y posibles alarmas— son fundamentales para recrear los minutos previos al descarrilamiento del Iryo y el choque con el convoy que viajaba hacia Huelva.
Además de las grabadoras, los investigadores han solicitado otras fuentes que pueden aportar contexto y contrastar versiones:
- Imágenes de las cámaras del apeadero gestionadas por Adif.
- Registros de los sistemas de grabación internos de los vagones.
- Un tramo de vía desprendido, localizado en el punto por el que circulaba el Iryo a las 19:45 del domingo, ya entregado a la autoridad judicial.
- Declaraciones de testigos y de personal de mantenimiento o circulación.
- Historiales de mantenimiento y bitácoras de la infraestructura y de los trenes.
El fragmento de carril extraído será analizado en el laboratorio de metalurgia de la CIAF, con participación de la Guardia Civil como policía judicial, para determinar si hubo fallos en el material o en su fijación que puedan relacionarse con el siniestro.
En una comparecencia pública los responsables del Ministerio del Interior y de Criminalística reclamaron cautela: la causa se tramita bajo secreto y aún se encuentra en una fase inicial de recogida y ordenación de pruebas. Las conclusiones requerirán tiempo y verificación técnica.
Mientras avanza la instrucción, la respuesta institucional mantiene dos objetivos paralelos: garantizar la atención médica y el apoyo psicológico a los afectados y sus familias, y desarrollar una investigación rigurosa que aclare responsabilidades y sirva para mejorar la seguridad ferroviaria.












