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Vox ha impulsado en el Senado una reclamación formal para conocer quiénes se han beneficiado en Andalucía de la Ley del “sí es sí”, después de que la Junta alegara no recibir los datos solicitados al Gobierno central. La disputa adquiere urgencia porque la formación sostiene que sin información fiable es difícil dimensionar la protección y la prevención contra los delitos sexuales.
La polémica arrancó tras una carta remitida por el consejero andaluz de Turismo, Justicia, Deregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), reclamando registros sobre condenas y beneficiarios de medidas relacionadas con la reforma penal. Según Vox, el Ejecutivo central no aportó la documentación requerida y respondió que esos datos ya son públicos en portales oficiales; la respuesta fue desestimada por los dirigentes regionales.
Qué solicita Vox en el Senado
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La senadora María Pastor y la portavoz adjunta en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, registraron dos preguntas dirigidas al Gobierno con peticiones concretas sobre las estadísticas de delitos contra la libertad sexual. Entre los puntos reclamados figuran:
- Publicación de datos desagregados por año y por provincia.
- Clasificación por tipo de delito (agresión, abuso, otros delitos sexuales).
- Determinación de la nacionalidad de las personas condenadas.
- Información sobre medidas aplicadas en el marco de la Ley del sí es sí y su impacto en las sentencias.
Vox argumenta que esa información debe servir para planear recursos y estrategias de protección: sin conocer la ubicación de los condenados ni la gravedad de los delitos resulta complicado organizar la actuación de la Consejería competente.
Reproche al Gobierno central
Los portavoces andaluces han acusado al Ejecutivo de minimizar la solicitud al señalar que los datos están accesibles en «portales» sobre violencia de género. Desde la bancada de Vox sostienen que los registros públicos, tal y como aparecen ahora, no reflejan la realidad y que en algunos casos los números se presentan de forma incompleta o alterada para dar una impresión distinta.
En sus declaraciones ante medios en Sevilla, Badanelli expresó que la falta de transparencia complica las políticas de prevención y la protección de las víctimas, y que muchas mujeres se sienten menos seguras en la vía pública. Pastor, por su parte, ha pedido que el Gobierno facilite la información desglosada que han reclamado para poder evaluar la dimensión del problema por territorio y tipología del delito.
Implicaciones prácticas
La ausencia de datos precisos tiene consecuencias concretas:
- Dificulta la localización de víctimas en riesgo y la asignación de recursos sociales y policiales.
- Impide medir de forma rigurosa el efecto de la reforma penal en la reincidencia y en las penas efectivamente cumplidas.
- Complica el diseño de políticas públicas ajustadas a la realidad provincial y a grupos vulnerables.
Ahora, la cuestión pasará por la respuesta formal del Ejecutivo en la Cámara Alta. Vox espera que el Gobierno detalle si existe un banco de datos accesible y, en caso contrario, que facilite la desagregación solicitada por año, provincia, tipo de delito y nacionalidad de los condenados.
La disputa subraya un choque más amplio entre administraciones sobre el acceso a información judicial y estadística, y plantea una pregunta inmediata para la opinión pública: sin registros claros, ¿cómo pueden las instituciones garantizar la protección efectiva de las mujeres?
