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Un nuevo acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo busca traducir la protección del litoral malagueño en acciones concretas de educación, voluntariado y vigilancia. La firma, celebrada en Mijas, pretende activar a la sociedad local ante riesgos crecientes como la presión turística y los efectos del cambio climático.
El convenio fue suscrito por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el presidente de la fundación, Juan Antonio López, con la presencia de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y del delegado territorial en Málaga, José Antonio Víquez. Tiene una duración inicial de cuatro años y establece un marco de colaboración para intervenir en espacios costeros protegidos.
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Programa y ámbitos de actuación
Las actividades previstas combinarán formación y acción directa: cursos de sensibilización, campañas de vigilancia participativa y voluntariados especializados que conecten al público con los ecosistemas marinos.

Los lugares incluidos en el acuerdo son zonas ya integradas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y la Red Natura 2000, entre ellas el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, la Desembocadura del Guadalhorce y la Zona de Especial Conservación Calahonda.
- Vigencia: cuatro años con posibilidad de prórroga.
- Coordinación: la Delegación Territorial en Málaga supervisará el programa anual de actividades.
- Áreas de trabajo: educación ambiental, sensibilización, vigilancia y restauración pasiva.
- Control técnico: seguimiento por parte de la Consejería para garantizar cumplimiento normativo.
La Fundación se encargará de diseñar el calendario anual de actuaciones, mientras que la Administración aportará el seguimiento técnico y las garantías legales. El objetivo es que la conservación deje de ser únicamente una tarea administrativa y pase a formar parte del día a día de residentes y visitantes.
Por qué importa ahora
Con la temporada turística a la vista y el aumento de episodios climáticos extremos, intervenir a tiempo en los hábitats costeros es clave para evitar daños irreversibles. Además, la implicación ciudadana puede mejorar la detección precoz de amenazas y apoyar labores de restauración.
La consejera subrayó que la protección no se logra solo con leyes: requiere conocimiento, compromiso y participación social. En la práctica esto significa formar a quienes usan y gestionan el litoral para reducir impactos y promover buenas prácticas.
Importancia de las praderas marinas
Andalucía concentra una de las mayores extensiones de praderas marinas del país: alrededor de 117,7 km², de los que más del 60% están dominados por Posidonia oceanica. Estas praderas son vitales para la biodiversidad y ofrecen servicios ecosistémicos clave.

Actúan como criadero y refugio para numerosas especies, contribuyen a la claridad del agua, protegen las playas frente a la erosión y funcionan como sumideros de carbono azul, un elemento relevante en las estrategias de mitigación climática.
La Junta ya mantiene una red de 33 estaciones de seguimiento y una cartografía actualizada de estos hábitats. El nuevo acuerdo busca complementar ese trabajo técnico con intervención comunitaria: prevención, vigilancia ciudadana y restauración pasiva donde sea posible.
Qué pueden esperar los ciudadanos
Los vecinos y visitantes podrán inscribirse en actividades formativas, participar en jornadas de limpieza y vigilancia, y colaborar en proyectos de restauración y monitorización. El papel del voluntariado se considera clave para aumentar la conciencia y mejorar las respuestas locales ante agresiones al medio marino.
- Acceso a talleres y rutas formativas sobre ecosistemas marinos.
- Participación en redes de vigilancia ciudadana coordinadas con la Administración.
- Oportunidades de voluntariado para apoyar seguimiento y pequeñas intervenciones de restauración.
Según la consejera, la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, con trayectoria en investigación y educación ambiental, constituye un socio estratégico para avanzar hacia una conservación más participativa. Proteger el litoral, concluyó, es una responsabilidad colectiva y una prioridad regional.












