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La Fiscalía General del Estado advierte en su memoria anual de 2025 sobre deficiencias estructurales en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en Andalucía, un problema que ya está tensando los ritmos de instrucción y la atención a las víctimas. Provincias como Huelva, Sevilla, Cádiz y Granada aparecen señaladas por diferentes fallos operativos que exigen soluciones inmediatas.
Las UVFI son equipos especializados que realizan informes forenses clave en causas de violencia de género, agresiones y delitos sexuales; su buen funcionamiento es esencial para garantizar pruebas rápidas y medidas de protección eficaces. La Fiscalía subraya que, aunque ha habido progresos en 2025, persiste una *brecha estructural* que afecta tanto a la cobertura territorial como a la calidad del servicio.
Problemas detectados en varias provincias
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En su informe —publicado con la apertura del Año Judicial— la Fiscalía apunta que Huelva sigue reclamando la creación de dos unidades estables para atender la demanda. Por su parte, Sevilla registra retrasos significativos en la prestación del servicio que inciden en plazos procesales y en la protección de las víctimas.
Además, en Cádiz y Granada las administraciones han optado por contratar servicios externos para cubrir carencias puntuales de personal y equipamiento. Esa externalización, subraya el Ministerio Público, no siempre compensa las deficiencias organizativas y puede generar problemas de continuidad y supervisión técnico-legal.
La memoria también sitúa el problema en clave nacional: existe una marcada heterogeneidad en la implantación, la dotación profesional y los modelos de funcionamiento de las UVFI entre comunidades autónomas —y, en algunos casos, entre provincias de una misma comunidad—.
- Retrasos en informes forenses que alteran calendarios judiciales y la adopción de medidas cautelares.
- Desigual cobertura territorial, con zonas que carecen de unidades estables y dependen de refuerzos puntuales.
- Externalización como solución temporal, con riesgos de falta de continuidad y control técnico.
- Presión sobre el personal sanitario y forense: saturación, rotación y dificultades de especialización.
- Impacto directo sobre la protección de víctimas y la eficacia de las investigaciones.
Qué implica esto para el día a día
Para las víctimas, la consecuencia más inmediata es la demora en recibir valoraciones que sustentan órdenes de protección o pruebas periciales. En los juzgados, los retrasos forenses pueden alargar la instrucción y complicar la toma de decisiones judiciales. Cuando se recurre a empresas externas, emergen además cuestiones sobre la supervisión, la homogeneidad metodológica y la custodia de la cadena de pruebas.
La Fiscalía reclama medidas concretas: dotación estable de profesionales, creación de unidades en las zonas carentes, protocolos homogéneos y seguimiento de la calidad del servicio. Sin embargo, la adopción de esas soluciones depende de la coordinación entre comunidades, gobiernos provinciales y la Administración central, así como de la asignación presupuestaria.
En las próximas semanas se espera que se intensifique el debate institucional en Andalucía sobre financiación y reorganización de las UVFI. La evolución de estas medidas será clave para saber si los avances registrados en 2025 se traducen en mejoras sostenibles o si las carencias volverán a traducirse en demoras y en una atención desigual en función del territorio.
