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Las lluvias recurrentes y el reciente “tren de borrascas” han vuelto a poner sobre la mesa un problema clave en Andalucía: la red hidráulica dependiente del Estado no está preparada para alternar sequías prolongadas con episodios de lluvia intensa. Tres presas —Alcolea, Gibralmedina y San Calixto— figuran entre las intervenciones que la Junta considera prioritarias para asegurar suministro y reducir riesgos de inundación.
La administración autonómica ha identificado 92 proyectos hidráulicos pendientes de ejecución por parte del Gobierno central: desde embalses hasta desaladoras, EDAR y conducciones de abastecimiento. Su puesta en marcha adquiere carácter urgente ahora que el clima extremo multiplica las amenazas y los costes de reparación crecen si se demora la intervención.
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No se trata solo de obras nuevas. Los técnicos advierten que hay infraestructuras con mantenimiento insuficiente y, en algunos casos, gestión sin el personal técnico requerido. El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, Alberto Marina, denuncia que la plantilla responsable de explotación de presas debe contar con ingenieros cualificados; de lo contrario, el riesgo para poblaciones y servicios aumenta.

Los daños directos por el último episodio de lluvias se han evaluado en alrededor de 110 millones de euros, mientras que las movilizaciones públicas para la reconstrucción rozaron los cientos de millones: la Junta anunció cerca de 294 millones para caminos e infraestructuras locales y, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Gobierno central asignó 619 millones para cauces y actuaciones hídricas en julio.
Prioridades urgentes
- Alcolea (Huelva): embalse reclamado para almacenar y regular aportes, y para mejorar la conducción Alcolea–Piedras.
- Gibralmedina (Cádiz): infraestructura destinada a laminar avenidas del Odiel y proteger a Gibraleón y núcleos cercanos; su coste estimado ronda los 800 millones.
- San Calixto (Sevilla): proyecto para regular el caudal del Genil y reducir el riesgo de crecidas en Écija y Palma del Río.
El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández‑Pacheco, pide que el Ministerio actualice los precios y permita que la propia Junta ejecute y complete algunas obras ya planificadas y adjudicadas. Además, existe una iniciativa privada —una propuesta de colaboración público‑privada presentada por el Grupo Azvi— que incluye actuaciones como el Canal de Trigueros y plantas de tratamiento; su viabilidad depende de la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica.
Balance de tipologías pendientes
| Tipo de obra | Número pendiente |
|---|---|
| Presas | 11 |
| Desalación | 8 |
| Depuración (EDAR) | 8 |
| Abastecimiento y conducciones | 27 |
| Cauces y defensa frente a inundaciones | 19 |
| Regadíos | 19 |
Además, la Dirección General del Agua señala que aproximadamente el 50% de las presas bajo titularidad estatal requieren actuaciones inmediatas. La falta de inversión durante la última década y la prioridad dada a otras partidas han dejado muchas intervenciones sin financiación suficiente para su inicio o mantenimiento.
Expertos en hidráulica subrayan que invertir ahora en prevención y modernización resulta mucho más barato que afrontar la factura tras daños severos: la restauración puede multiplicar por diez el coste de una intervención preventiva, explican.
Desalación y reutilización: dos vías complementarias
En un territorio con amplia franja litoral, la desalación aparece como una alternativa estratégica para aumentar reservas. La Junta reclama la reparación y ampliación de instalaciones como la desaladora de Carboneras y el impulso de proyectos en la Costa del Sol.

A la vez, la reutilización de aguas depuradas se plantea como una palanca para riego y usos no potables y, en condiciones reguladas, incluso para consumo. Para ello resultan prioritarias mejoras en EDAR como las de San Roque, La Línea y ampliaciones en Huelva (Almonte‑Rociana).
Los técnicos insisten también en mejorar las interconexiones entre cuencas y refuerzo de anillos hídricos para redistribuir recursos en episodios de escasez o tras cortes por daños.
La fotografía actual es la de una comunidad con infraestructuras que, en su mayoría, funcionan pero arrastran carencias importantes: tuberías envejecidas, estaciones de depuración incompletas en municipios pequeños, y obras pendientes que condicionan la capacidad de respuesta ante tormentas o sequías prolongadas.
Consecuencias para la ciudadanía
Si no se aceleran las actuaciones, las consecuencias son claras: mayor riesgo de inundaciones en zonas vulnerables, cortes de suministro en periodos secos, y un coste económico y social creciente tras cada episodio extremo. El invierno de 2026 dejó más de 11.000 desalojados en Andalucía, daños en vías rurales y perjuicios en presas, canales y cauces.
La discusión ahora se concentra en quién ejecuta y financia las obras pendientes: la Junta reclama mayor protagonismo y fondos, mientras empresas privadas y el propio Ministerio manejan alternativas para desbloquear proyectos. Lo esencial para la ciudadanía es que las decisiones se traduzcan en obras concretas y en mantenimiento continuo, no en retrasos administrativos.
En los próximos meses será determinante comprobar si las autorizaciones y partidas se producen con la urgencia que exige el calendario climático: cada nueva lluvia o sequía prolongada volverá a medir la eficacia de las decisiones adoptadas hoy.











