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La juez instructora Pilar Ordóñez ha dado por concluida la investigación sobre el uso irregular de fondos públicos en torno a la extinta fundación Faffe, y ha procesado a varios exresponsables autonómicos por presuntas irregularidades que dejaron un agujero millonario en las arcas andaluzas. El caso, que sitúa a la Faffe como vehículo para transferir ayudas sin la tramitación legal exigida, puede acabar en juicio oral en las próximas semanas.
El auto, fechado el 15 de septiembre y notificado la pasada semana, atribuye a los investigados delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tras constatar que se abonaron pagas y supuestas «becas» a extrabajadores de la planta de Delphi que ya percibían prestaciones por desempleo.
Quiénes están procesados y qué se les imputa
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Entre los encausados figuran altos cargos vinculados a la Agencia IDEA y a la Consejería que asumió los pagos. La magistrada considera que se empleó a la Faffe como un instrumento para evitar controles administrativos y justificar desembolsos que no tenían cobertura legal.
- Martín Soler Márquez — exconsejero de Innovación y expresidente de IDEA: procesado por prevaricación y malversación.
- Jesús María Rodríguez Román — exviceconsejero: implicado en la decisión de encargar los pagos a la Faffe.
- Jacinto Cañete Rolloso — exdirector general de IDEA: señalado por ejecutar los pagos sin trámite adecuado.
- Antonio Diz-Lois Ruiz — exdirector financiero de IDEA: detectó las desviaciones y requirió devoluciones.
- Fernando Villén Rueda — exdirector de la Faffe y exsecretario de Empleo del PSOE andaluz: investigado por la gestión y justificación de los gastos.
Cómo ocurrió: un resumen cronológico
| Año | Hecho clave | Importes relevantes |
|---|---|---|
| 2007 | Cierre de la planta Delphi en la Bahía de Cádiz; protocolo entre la Junta y sindicatos para atender a los despedidos. | — |
| 2008–2009 | Decisión de la Consejería de Innovación de prolongar pagas a extrabajadores, aunque ya recibían paro. | — |
| 24 jul 2009 | Firma de un convenio entre IDEA y la Faffe para que la fundación gestionara los pagos. | 1.823.611,63 € transferidos en total a la Faffe |
| 2011–2012 | Disolución de la Faffe; recuperaciones parciales de fondos por parte del SAE/IDEA. | 295.583,38 € devueltos; perjuicio estimado por la juez: 1.528.028,28 € |
Según la instructora, las cantidades entregadas excedían con creces lo autorizado por los estatutos de IDEA y no cursaron los expedientes de concesión ni las ratificaciones necesarias por los órganos colegiados. Para el director general de IDEA existían límites de gasto que fueron sorteados, y la documentación aportada por la Faffe para justificar los desembolsos fue, a juicio del juzgado, insuficiente y poco fiable.
Las irregularidades en la gestión
La investigación apunta a varias prácticas irregulares: transferencias que no concuerdan con el convenio formal, adendas posteriores que intentaron justificar importes mayores y justificaciones compuestas por listados mecanografiados en lugar de justificantes bancarios verificables.
Cuando se detectó la diferencia entre lo documentado y lo realmente transferido, el entonces director financiero de IDEA reclamó la devolución del exceso. La fundación remitió meses después una cuenta «justificativa» que no incluía extractos ni comprobantes de pago, y la Agencia archivó esa documentación sin verificarla en profundidad, según el auto.
- La Faffe actuó como intermediaria, según la investigación, para que no quedara un rastro administrativo claro.
- Las ayudas supuestamente individuales no fueron solicitadas ni tramitadas por los beneficiarios ni por los sindicatos, de acuerdo con la magistrada.
- La desaparición de la fundación en 2011 dificultó el rastreo de los fondos.
La jueza calcula que, una vez descontadas las cantidades recuperadas, el perjuicio actual para las arcas públicas asciende a aproximadamente 1,53 millones de euros. Esa cifra es la base sobre la que Fiscalía y acusaciones particulares deberán decidir si piden la apertura del juicio oral.
Con la instrucción cerrada, Fiscalía y partes tienen un plazo improrrogable de diez días para presentar sus escritos y reclamar, si lo estiman oportuno, la celebración del juicio. El caso vuelve ahora al terreno procesal y plantea preguntas sobre los mecanismos de control en la gestión de ayudas públicas durante crisis industriales.
