Los recientes episodios en Ceuta han reavivado el debate sobre inmigración, seguridad y, sobre todo, sobre cómo se aplica la ley en situaciones de tensión. El catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías ha subrayado que la respuesta política y social debe basarse en un principio claro: la vigencia del Estado de Derecho para todas las personas sin excepciones.
En una intervención en el programa «Malas Lenguas Noche», Urías defendió que la pertenencia a la nación no se prueba con símbolos ni manifestaciones, sino con el respeto y la ejecución del ordenamiento jurídico. Según el profesor, la clave está en que las normas se cumplan y se apliquen con el mismo rigor para todos los involucrados.
Urías recordó además que la ley contempla protecciones específicas —por ejemplo, para los menores— que obligan a valorar cada caso de forma individual antes de articular cualquier devolución o medida administrativa. A la vez advirtió que quienes vulneran la ley deben afrontar consecuencias, independientemente de su procedencia o del bando al que pertenezcan.
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Qué implica, en la práctica
La insistencia del jurista va más allá de la retórica: busca evitar una aplicación selectiva de la norma que, a su juicio, erosiona la legitimidad del sistema y alimenta la percepción de doble rasero. Cuando la legalidad se usa sólo contra ciertos grupos, dijo, se abre la puerta a que actores distintos intenten imponer su criterio por cuenta propia.
- Protección de menores: las expulsiones requieren análisis individualizado y medidas compatibles con la normativa internacional y nacional.
- Responsabilidad penal: delitos como agresiones, daños a bienes o atentados contra agentes deben ser investigados y sancionados con independencia de quién los cometa.
- Actuación policial y administrativa: las fuerzas y cuerpos de seguridad deben atenerse a procedimientos legales, evitando arbitrariedades.
- Confianza pública: la aplicación uniforme de la ley refuerza la cohesión social y la credibilidad de las instituciones.
Para Urías, la respuesta debe ser simétrica: «Ser español, desde la perspectiva jurídica, se demuestra con la aplicación igualitaria de las normas», afirmó durante su intervención, y advirtió que quienes rompen ese orden, sea cual sea su pertenencia, deben responder ante la justicia.
El debate que suscitan estos episodios en Ceuta apunta a decisiones concretas sobre políticas migratorias, protocolos policiales y garantías judiciales. Convertir el principio del Estado de Derecho en práctica cotidiana es, según los especialistas consultados, la condición para resolver conflictos sin abrir heridas institucionales.
