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La crisis en Ceuta ha reabierto una discusión central: cómo se aplican las leyes ante situaciones de inmigración masiva y qué significa defender la seguridad sin quebrar derechos. El catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías advierte que la respuesta debe partir de una regla básica y actual: la ley tiene que regir por igual para todos.
En una intervención reciente en el programa Malas Lenguas Noche, Urías situó el debate en términos claros: la pertenencia a un Estado no se demuestra con símbolos sino con la efectiva vigencia del ordenamiento jurídico y la aplicación del Estado de Derecho. Para él, esa es la manera correcta de reivindicar la españolidad en un contexto tan sensible como el que vive Ceuta.
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Aplicación uniforme de la ley: qué quiere decir
Según el profesor, aplicar la ley implica dos obligaciones inmediatas: examinar cada situación de manera individual —especialmente cuando hay menores involucrados— y sancionar a quienes cometan delitos, cualquiera que sea su origen o finalidad. En su opinión, la selectividad en la actuación institucional abre la puerta a impunidad y a respuestas ciudadanas fuera del marco legal.
En la práctica, esto significa que las expulsiones o devoluciones no pueden ser automáticas; deben respetar procedimientos y garantías. Y cuando se producen agresiones o daños —desde ataques contra agentes hasta delitos contra el patrimonio—, el sistema penal debe funcionar con criterios neutrales y verificables.
Consecuencias prácticas
- Para las autoridades: necesidad de protocolos claros y formación para atender flujos migratorios sin vulnerar derechos.
- Para la justicia: mayor carga de trabajo y demanda de resoluciones ágiles que preserven garantías procesales.
- Para la sociedad: riesgo de polarización si se percibe una aplicación desigual de la ley.
- Para menores y personas vulnerables: protección reforzada por normas nacionales e internacionales, que impiden expulsiones sumarias.
- A nivel internacional: obligación de cumplir tratados, como el principio de no devolución, que condicionan la respuesta estatal.
Urías alertó además sobre el peligro de convertir la legalidad en herramienta selectiva: cuando grupos o partidos reclaman aplicar la ley solo a determinados actores, la coherencia del sistema se resiente y aparecen soluciones extraoficiales. Ese es, dijo, un signo de erosión del orden común.
El debate no es solo técnico: tiene impacto directo en la convivencia y en la percepción de la autoridad. Si la ciudadanía observa que las normas se imponen de manera desigual, disminuye la confianza institucional y aumentan las tensiones sociales.
Riesgos y límites
No todo es discrecionalidad administrativa. España, como miembro de la Unión Europea y parte de convenios internacionales, debe respetar derechos básicos —especial atención a los menores, procesos de asilo, y garantías judiciales— aunque la presión sobre fronteras externas sea intensa.
Si las autoridades priorizan eficacia sin rigor jurídico, las consecuencias pueden incluir sanciones internacionales, más litigios y una mayor conflictividad en el terreno. Al mismo tiempo, una aplicación estricta pero equitativa de la ley contribuye a desactivar narrativas extremas y a devolver centralidad al marco legal.
En síntesis, para Urías la reivindicación de la nacionalidad no pasa por gestos simbólicos sino por la constancia en aplicar la ley: la autoridad debe ser imparcial y quien infrinja las normas tiene que responder, sea cual sea su procedencia. Ese planteamiento coloca, de nuevo, al Estado de Derecho como eje del debate sobre Ceuta y la política migratoria.
