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El reciente asesinato de una vecina de la barriada de La Fuensanta ha puesto otra vez sobre la mesa las carencias en la atención policial a las víctimas de agresiones por razones de género. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige cambios urgentes: más formación, recursos técnicos y la creación de una unidad específica para garantizar una respuesta adecuada fuera del horario habitual.
Según el SUP, buena parte de las denuncias por violencia machista se presentan en fines de semana, festivos o por la noche, momentos en los que las oficinas de turno deben asumir casos que, a su juicio, deberían atender unidades especializadas. Esa sobrecarga y la falta de apoyo técnico aumentan el riesgo de errores procedimentales que pueden perjudicar a las víctimas y debilitar las investigaciones.
Problemas señalados por el sindicato
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El sindicato apunta a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Campo Madre de Dios como ejemplo de un dispositivo expuesto: actúa como puerta de entrada para todo tipo de denuncias, procesa detenidos y funciona con personal que rota con frecuencia. El SUP subraya que esa combinación genera un entorno laboral saturado, estrés y, en ocasiones, fallos que comprometen garantías jurídicas.
- Necesidad de completar y clarificar el catálogo de la unidad responsable de violencia de género en Córdoba.
- Revisión y mejora de los protocolos de actuación, especialmente para franjas nocturnas y festivas.
- Creación de una Oficina de Atención a la Mujer con personal técnico y recursos estables.
- Formación específica y refuerzo de plantillas para evitar la rotación constante de funcionarios.
- Apoyo psicológico y técnico a los agentes que reciben estas denuncias.
El caso que ha encendido la polémica tiene una secuencia que ilustra las lagunas que denuncia el sindicato. Dos días antes de su muerte, la víctima interpuso una denuncia por amenazas y una agresión en su vivienda —ambos eran vecinos—. Tras la denuncia, el presunto agresor fue detenido y posteriormente puesto en libertad con una orden de alejamiento de 500 metros; no se acordó prisión provisional.
En el día en que se celebraba un juicio rápido por aquella denuncia, el agresor esperaba a la víctima en el portal y la atacó con arma blanca, causándole heridas mortales. Ese desarrollo ha alimentado el debate sobre si las medidas cautelares y el seguimiento fueron suficientes y oportunos.
Consecuencias prácticas
Más allá del reproche institucional, el caso plantea efectos concretos: las víctimas podrían percibir una menor confianza en el sistema, aumentaría la presión sobre unidades especializadas y proseguirá la demanda social para reforzar recursos en la investigación y protección. También podría motivar revisiones de los criterios para medidas cautelares en denuncias con indicios de riesgo.
El SUP ha instado a las autoridades locales y autonómicas a tomar medidas inmediatas para corregir estas deficiencias. Por ahora no hay comunicación pública de cambios concretos, pero el suceso mantiene la urgencia: se trata de cerrar las brechas que ponen en peligro a personas en situación de vulnerabilidad y de asegurar que la respuesta policial sea efectiva a cualquier hora.
