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La familia de Victoria, una joven de Estepona que falleció en 2021, ha visto rechazado por el Servicio Andaluz de Salud su recurso por una posible negligencia médica y anuncia que recurrirá ante la jurisdicción contencioso‑administrativa. El caso vuelve a colocarse en el centro del debate sobre la atención urgente y la correcta valoración de síntomas persistentes.
Según los allegados, Victoria acudió en numerosas ocasiones a centros sanitarios con signos de alarma, como vómitos persistentes y dificultad para respirar, y en repetidas visitas recibió el diagnóstico de una supuesta gastroenteritis sin llegar a ser ingresada para observación.
Qué relata la familia
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Los familiares aseguran que la joven fue atendida en varios episodios: hasta siete consultas en el Hospital Costa del Sol y dos en el ambulatorio de Estepona. Durante ese periodo, contrajo además coronavirus, y cuando finalmente se practicó una atención más profunda, ya resultó imposible evitar el desenlace.
- Visitas médicas: siete en el hospital y dos en el ambulatorio, según la versión familiar.
- Síntomas: vómitos persistentes, dificultad respiratoria y empeoramiento general.
- Diagnóstico inicial: gastroenteritis en repetidas ocasiones, sin ingreso hospitalario.
- Acción judicial: demanda inicial archivada; reclamación administrativa denegada por el SAS.
- Próximo paso: recurso por la vía contencioso‑administrativa para reclamar responsabilidades.
El letrado de la familia presentó en primera instancia una demanda que fue archivada y, tras la denegación de la reclamación administrativa, la familia opta ahora por la vía contenciosa. La acción en los tribunales administrativos permitirá, en caso de admitirse, solicitar peritajes médicos y la revisión de actuaciones institucionales.
“No nos vamos a rendir. Vamos a llegar hasta el final por ella”, declara Francisco Hormigo, padre de la joven, para quien la prioridad no es solo una posible compensación económica, sino que se esclarezcan las responsabilidades y se eviten situaciones similares en el futuro.
Implicaciones y contexto
El conflicto plantea preguntas sobre la gestión de pacientes con síntomas que pueden parecer leves en primera instancia pero evolucionan rápidamente. Para la familia, el rechazo del SAS complica el cierre del caso y obliga a agotar la vía judicial.
Más allá del episodio concreto, el suceso subraya la tensión entre carga asistencial y protocolos de valoración en urgencias, especialmente en contextos marcados por la pandemia. Aunque no hay una investigación pública abierta que haya concluido responsabilidades, la decisión de llevar el asunto a la jurisdicción contencioso‑administrativa puede obligar a examinar expedientes clínicos y prácticas internas.
La familia ha anunciado que mantendrá la causa activa hasta agotar todas las instancias. El resultado de ese proceso será clave para determinar si se establece algún tipo de responsabilidad por parte de los servicios sanitarios y si se adoptan medidas para reforzar la atención en casos con signos persistentes de gravedad.
