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Una resolución del Juzgado de Menores número 2 de Valencia ha impuesto sanciones a un adolescente por un intento de agresión sexual ocurrido durante un viaje escolar a Málaga en marzo de 2023, un caso que reabre el debate sobre la responsabilidad de centros y familias en actividades extraescolares. La sentencia combina medidas penales, civiles y educativas, y puede tener repercusiones prácticas para protocolos escolares y pólizas de seguro.
El tribunal consideró probado que el joven cometió un delito de agresión sexual en grado de tentativa y le aplicó penas orientadas a la reclusión y a la reinserción.
Qué pena se ha impuesto
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Entre las decisiones del juez figuran:
- 15 meses de internamiento en régimen cerrado.
- Dos años de libertad vigilada tras la salida del internamiento.
- Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante cuatro años, en cualquier lugar.
- programa formativo de educación sexual y en igualdad.
- En el ámbito civil, una indemnización de 17.400 euros a favor de la víctima.
La responsabilidad económica deberá asumirse de forma conjunta y solidaria por el menor condenado, sus padres y el centro educativo, conforme al artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor; la participación del colegio se plantea de modo subsidiario frente a su aseguradora.
Cómo se desarrolló la investigación
Los hechos ocurrieron durante un viaje de estudiantes de segundo de la ESO a Benalmádena (Málaga). La Fiscalía de Menores inició una investigación por una presunta agresión sexual cometida en grupo. En la causa aparecían otros cuatro menores: dos no fueron imputables por tener 13 años en el momento de los hechos y otros dos se acogieron a su derecho a no declarar; respecto de estos últimos la jueza ordenó el sobreseimiento por falta de pruebas suficientes.
La sentencia admite recurso ante la Audiencia Provincial, por lo que el fallo no es definitivo hasta que se agoten o no las vías ordinarias de apelación.
Reacción del centro y medidas internas
Tras conocerse el caso, el colegio emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a la víctima y explicó que supo de los hechos en junio de 2023, cuando activó las medidas internas que consideró necesarias. El centro recordó la existencia desde 2019 de un protocolo para prevención y respuesta ante el acoso sexual entre menores.
Días después, responsables del colegio informaron que mantenían una «vigilancia no explícita» sobre varios alumnos sospechosos que seguían escolarizados, y defendieron que, pese al alto número de docentes que acompañaron al viaje, este tipo de actividades no están libres de riesgos.
Implicaciones prácticas y contexto legal
El caso subraya varias consecuencias concretas:
- Refuerzo probable de protocolos de viajes y actividades fuera del centro: supervisión, ratio educativa y medidas preventivas.
- Presión sobre aseguradoras y presupuestos escolares si se multiplican reclamaciones civiles vinculadas a responsabilidad patrimonial.
- Énfasis en programas de formación obligatoria para menores implicados en delitos sexuales, como parte de la respuesta judicial orientada a la reinserción.
Desde la perspectiva jurídica, la resolución confirma la aplicación de medidas privativas y no privativas en el ámbito de la justicia juvenil, buscando combinar protección de la víctima, responsabilidad del agresor y acciones reparadoras. Para las familias y centros, la sentencia recalca la necesidad de protocolos claros y de una coordinación rápida con las autoridades cuando surgen indicios de conductas violentas entre menores.
La causa continuará su curso si alguna de las partes interpone recurso, pero ya sitúa sobre la mesa preguntas prácticas sobre prevención, responsabilidad civil y medidas educativas que hoy resultan de especial interés para comunidades escolares y responsables de políticas educativas.
