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El Gobierno ha decidido frenar temporalmente los precios hoteleros en varias localidades de Andalucía y Extremadura tras el paso de la borrasca Leonardo, una medida que busca evitar subidas mientras cientos de vecinos siguen fuera de sus hogares. La restricción estará activa por una semana y es la primera aplicación del nuevo marco legal que permite topar tarifas en situación de emergencia.
El acuerdo se aprobó en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La limitación comienza el 18 de febrero y permanecerá vigente hasta el 25 de febrero, periodo en el que el Ejecutivo pretende blindar el acceso a alojamientos para las personas afectadas.
Municipios incluidos
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- Cádiz: Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera
- Granada: Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra
- Jaén: Cazorla y Santisteban del Puerto
- Málaga: Benaoján y Ronda
- Badajoz: Burguillos del Cerro y Medellín
La restricción alcanza a municipios donde hay más de diez personas desalojadas y esos desalojos representan al menos el 0,1% de la población, según los criterios fijados por el Ejecutivo. Con esos umbrales el Gobierno pretende focalizar la acción en zonas con impacto real sobre la demanda de alojamiento.
Qué obliga la medida
Durante los siete días de vigencia, los precios de hoteles y otros alojamientos turísticos no podrán superar las tarifas vigentes el mes anterior al inicio de la emergencia. Además, los establecimientos deben comunicar de forma clara que existe una limitación temporal de precios y publicar las tarifas aplicadas.
Si un cliente detecta incumplimientos tendrá, según el acuerdo, derecho a un reembolso por la diferencia en el precio. El Ejecutivo indica que las autoridades competentes supervisarán el cumplimiento y podrán intervenir en caso de irregularidades.
Por qué importa ahora
La medida llega en un momento crítico: muchas familias continúan alojadas fuera de sus viviendas y la actividad turística empieza a reanudarse con la recuperación de conexiones ferroviarias y otras infraestructuras. Sin control temporal de precios, existe el riesgo de aumentos puntuales que agravaran la situación de quienes tuvieron que evacuar.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha querido reconocer a los hoteles que colaboraron en el realojo junto a administraciones locales, subrayando la función social que han desempeñado en los días posteriores al temporal.
Esta es la primera aplicación práctica del real decreto-ley 4/2026, aprobado la semana anterior y diseñado para permitir respuestas rápidas ante catástrofes naturales u otros sucesos extraordinarios que afecten al suministro o acceso a bienes y servicios esenciales.
En las próximas jornadas las autoridades locales y autonómicas tendrán que coordinar controles y comunicación a la ciudadanía para que la medida sea efectiva y transparente, mientras las comunidades afectadas avanzan en las tareas de normalización.
