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En los últimos días una ONG ambiental ha llevado a la Fiscalía una denuncia por la aparición de líquidos sospechosos en un arroyo que desemboca en la costa de Estepona, lo que reabre el debate sobre el control de vertidos en instalaciones de gestión de residuos. La empresa responsable de la explotación del complejo implicado niega cualquier fallo y asegura que la instalación cumple con la normativa y los protocolos vigentes.
La denuncia fue presentada por Verdemar EA, que afirma haber detectado lixiviados —líquidos resultantes de la descomposición de residuos— en el cauce del Arroyo de Enmedio. Según la organización, esos efluentes podrían desplazarse aguas abajo hasta la desembocadura, en la playa Arroyo Vaquero, en el término municipal de Estepona.
Qué pide la denuncia
Verdemar solicita a la Fiscalía de Medio Ambiente que abra una investigación para identificar el origen de los vertidos y evaluar su impacto. En su escrito, la asociación reclama actuaciones para determinar si los residuos proceden del Complejo Ambiental Costa del Sol, ubicado en Casares, y para establecer responsabilidades administrativas o penales si se confirma contaminación.
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La pretensión de la entidad es que se realicen muestreos en el arroyo y en la zona costera afectada, así como un seguimiento de la calidad del agua y de los sedimentos para cuantificar posibles daños ambientales.
La respuesta de la empresa gestora
La concesionaria encargada de gestionar el complejo, Urbaser, reaccionó públicamente rechazando las imputaciones. La compañía sostiene que la instalación opera bajo un contrato público con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y que respeta los controles establecidos por la administración.
Fuentes de la empresa señalaron que los procedimientos de seguridad y las medidas de contención están implementados y que no hay evidencias internas de fuga o vertido intencional desde sus instalaciones. Urbaser anunció que colaborará con las autoridades si se requiere la realización de análisis adicionales.
De forma paralela, la Mancomunidad, propietaria del complejo, figura como responsable contractual de la supervisión del servicio, lo que podría implicar su participación en las investigaciones administrativas.
Por qué esto importa ahora
La aparición de lixiviados cerca de un cauce que desemboca en una playa plantea riesgos concretos para la calidad del agua, la biodiversidad costera y el uso recreativo del litoral. Aunque por el momento no hay resultados públicos de análisis que confirmen la fuente o la composición química de los líquidos detectados, la denuncia activa mecanismos de control que pueden derivar en inspecciones y sanciones si se comprueba incumplimiento.
- Riesgos ambientales: contaminación de agua y sedimentos, impacto sobre fauna y flora acuáticas.
- Salud pública: posibilidad de afectación de zonas de baño si los contaminantes alcanzan el litoral.
- Responsabilidad administrativa y penal: investigación de la gestión del complejo y revisión del contrato de concesión.
- Medidas inmediatas esperables: toma de muestras, análisis laboratorial y seguimiento por parte de autoridades ambientales.
La Fiscalía tendrá que decidir ahora si admite la denuncia y ordena actuaciones de inspección y análisis, tarea que suele implicar a la Consejería de Medio Ambiente, a las administraciones locales y a los técnicos responsables del control de vertidos.
Mientras tanto, vecinos y colectivos ecologistas han pedido transparencia y rapidez en las comprobaciones. La secuencia de acontecimientos —acusación, respuesta de la empresa y posible investigación judicial— marcará en las próximas semanas si se confirma una incidencia ambiental o si las aguas siguen dentro de los parámetros permitidos por la normativa.
