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El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado recientemente a la Fundación Adsam un contrato para intervenir en campamentos informales y reducir la exclusión social y educativa de familias, sobre todo de origen rumano. El proyecto, con una duración de dos años y fondos públicos, busca mejorar condiciones de vida y garantizar el acceso escolar de los niños y niñas que viven en estos asentamientos.
La adjudicación asciende a 540.985 euros, cifra con la que el Consistorio espera financiar acciones sociales y educativas directas, tanto en la calle como en entornos formales. Según fuentes municipales, los datos disponibles son aproximados por la alta movilidad del colectivo.
¿A quiénes intenta llegar el programa?
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El programa está dirigido a menores y sus familias residentes en asentamientos irregulares dentro del término municipal. El Ayuntamiento estima la existencia de alrededor de 17 asentamientos y unas 461 personas censadas, entre las que hay más de 120 menores. Estas cifras sirven como referencia para planificar recursos y prioridades.
Dos líneas de trabajo complementarias
La intervención se organiza en dos modalidades: una de acción en la calle y otra educativa. Ambas se coordinarán desde la Unidad de Menores y Familia de la Delegación de Servicios Sociales, en estrecha colaboración con los servicios sociales comunitarios.
La primera modalidad será operada por la Unidad de Intervención Social de Calle (UISC), con equipos que combinan Trabajo Social, Educación Social e interpretación en rumano. Entre sus responsabilidades están la mediación, el acompañamiento a recursos sociales, la traducción y el seguimiento individual de familias.
La vertiente educativa correrá a cargo de la Unidad de Seguimiento Educativo en Medio Abierto (Usema), que hará un acompañamiento personalizado para favorecer la asistencia escolar, reducir el absentismo y apoyar a los progenitores en la relación con centros y servicios educativos.
Actuaciones previstas sobre el terreno
Además de la atención directa a personas, el contrato incluye acciones para mejorar el entorno:
- Coordinación con servicios públicos y privados para tareas de adecentamiento y limpieza de asentamientos.
- Medidas de prevención de riesgos medioambientales en áreas habitadas de forma irregular.
- Intervenciones en los espacios donde las familias desarrollan su actividad cotidiana.
Adsam se comprometió a incrementar el alcance del programa con medidas concretas, como la organización de una jornada de convivencia que incluya alimentación y transporte para participantes y la aportación de 100 horas adicionales de apoyo a lo largo del año, disponibles en horarios flexibles (tardes y fines de semana).
Localización: dónde actúa el programa
El Ayuntamiento ha identificado zonas concretas de la ciudad donde se concentran estos asentamientos. Entre las áreas señaladas figuran enclaves del norte, levante, periferia y sur, además de puntos puntuales en Fuensanta y el noroeste municipal.
- Norte: varias ubicaciones alrededor de la glorieta Duncan Shaw.
- Levante: lugares como Paco Natera, Molino de los Ciegos y la zona próxima a la glorieta Louviere-Carrefour.
- Periferia: Quemadillas y entornos colindantes.
- Fuensanta: tramos del Camino Carboles y otros puntos abiertos del barrio.
- Sur y Poniente Sur: áreas como el Cordel de Écija y Castelló d’Empuries.
- Noroeste: zonas conocidas localmente, incluidas las inmediaciones de Las Setas.
Costes y criterios de adjudicación
El valor estimado del contrato superaba el millón de euros, mientras que el presupuesto base de licitación se fijó en torno a los 620.849 euros. La oferta técnica presentada por la Fundación Adsam fue considerada la más ventajosa por el Ayuntamiento, motivo por el que obtuvo la adjudicación por 540.985 euros.
El enfoque del proyecto combina atención social, prevención y trabajo educativo con la intención de ofrecer respuestas integrales y activar recursos ante situaciones de urgencia o emergencia social que puedan surgir en los asentamientos.
La puesta en marcha de estas actuaciones plantea retos operativos y de coordinación, pero también supone una inversión dirigida a reducir la vulnerabilidad de menores y familias y a facilitar su acceso a derechos básicos como la educación y la protección social.
