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La misiva que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dirigió al presidente del Gobierno para reclamar la recuperación de la unidad OCON‑Sur ha provocado una réplica contundente desde la Delegación del Gobierno en Andalucía. La respuesta sitúa la disputa en el centro del debate sobre cómo combatir el narcotráfico y sobre quién controla las decisiones operativas en la comunidad.
Respuesta oficial y alcance operativo
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Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, calificó la carta de Moreno como una crítica infundada a actuaciones policiales que, a su juicio, están respaldadas por criterios técnicos. Según Fernández, la estructura a la que alude el presidente andaluz no permaneció estática: nació como una intervención temporal y, en 2022, se transformó y se integró en la plantilla de la Guardia Civil para consolidar su capacidad operativa.
El delegado subrayó que esa mutación buscó adaptar las fuerzas a las dinámicas cambiantes de los grupos criminales y defendió el trabajo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil en la región. Además, atribuyó la iniciativa al Gobierno central y defendió el enfoque multidisciplinar del plan desplegado en el Campo de Gibraltar.
Acusaciones cruzadas en plena crisis
Fernández acusó a Moreno de intentar desviar la atención pública en un momento en el que la comunidad ha sufrido incendios y temblores, señalando que la polémica llega en plena gestión de emergencias. Para el delegado, la discusión pública sobre la estructura operativa no debería menoscabar la coordinación entre administraciones ni cuestionar medidas que, según él, han demostrado eficacia.
En el mismo discurso, Fernández vinculó la eficacia policial a políticas sociales: aceptó que la lucha contra las organizaciones criminales requiere respuestas integrales, y afirmó que esa estrategia debe combinarse con actuaciones en empleo, educación, vivienda e integración para reducir los apoyos sociales al narcotráfico.
Cifras y recursos del plan
El delegado detalló además la inversión y los resultados que, a su juicio, avalan el plan especial. Entre los datos que ofreció figuran:
- Inversión total: más de 190 millones de euros destinados desde el inicio del plan para reforzar plantillas, medios y tecnología.
- Asignación 2026: 38,2 millones de euros, cifra superior en 1,3 millones a la del año anterior.
- Operaciones y detenciones: alrededor de 47.862 intervenciones y más de 31.000 personas detenidas o investigadas.
- Incautaciones: cerca de 2,18 millones de kg de droga y más de 1,9 millones de plantas de marihuana destruidas.
- Bienes intervenidos: aproximadamente 124,4 millones de euros en efectivo, casi 9.728 vehículos y más de 2.100 armas de fuego retiradas.
- Combustible: más de 2,1 millones de litros de gasolina incautados.
Estos números, según la Delegación, servirían para justificar el carácter ejemplar y pionero del Plan Especial de Seguridad aplicado en la zona, y su adecuación como modelo de respuesta integral frente a redes transnacionales.
Implicaciones políticas
La disputa entre la administración autonómica y la central eleva un debate clave: cómo compatibilizar la responsabilidad política con las decisiones operativas de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La controversia también recalca la tensión sobre quién debe marcar la agenda en materia de seguridad y hasta qué punto las críticas públicas afectan a la colaboración institucional.
En las próximas semanas será relevante observar si la carta de Moreno desencadena réplicas administrativas formales o si la discusión queda circunscrita al intercambio político. Mientras tanto, la apelación a la coordinación entre instituciones y a la evaluación técnica de las medidas adoptadas seguirá siendo el centro de la discusión pública en Andalucía.
