Mostrar resumen Ocultar resumen
El juicio contra el hijo del alcalde socialista de Hinojosa del Duque, acusado de presunta compra de votos en las elecciones de 2023, quedó hoy aplazado por la ausencia de un testigo clave. La sesión, que se extendió menos de quince minutos, se reanudará en diciembre para continuar la instrucción.
La Fiscalía de Córdoba solicita una pena de un año y medio de prisión y considera que los hechos encajan en el delito de cohecho electoral previsto en la LOREG. Según el escrito de acusación, el incidente ocurrió el 28 de mayo de 2023 en las inmediaciones del colegio electoral IES Padre Juan Ruiz, en la calle Fray Luis de Granada.
Lo que se vio hoy en la sala
Real Madrid: Roncero propone a un técnico inesperado para liderar al equipo
Vargas Llosa en el ojo público: Gustavo Faverón publica obra que reabre la polémica
La audiencia empezó con la presentación de cuestiones previas y la aportación por parte de la defensa de un dispositivo USB que contiene imágenes difundidas en redes sociales. El abogado argumentó que esas grabaciones sitúan a su representado en torno a las 15:00 horas del día señalado, y sostuvo que en ese momento no existía constancia pública de la denuncia.
El juez admitió esa prueba pese a la impugnación del Ministerio Fiscal. Poco después, se comunicó que no comparecería un testigo considerado determinante para probar la entrega de dinero a cambio de votos, por lo que el magistrado decidió suspender la vista y fijar una nueva fecha en diciembre.
- Acusado: hijo del alcalde Matías González (identificado en el proceso como A.J.G.).
- Cargo: presunta compra de votos (cohecho electoral, art. 146 LOREG).
- Fecha del presunto delito: 28 de mayo de 2023.
- Lugar: entorno del IES Padre Juan Ruiz, Hinojosa del Duque.
- Pena solicitada: 18 meses de prisión por la Fiscalía.
- Situación procesal actual: juicio suspendido por ausencia de un testigo clave; nueva vista en diciembre.
Según la versión fiscal, el acusado ofreció dinero a un vecino con escasos recursos para que entregara sobres con la papeleta del partido del candidato —el propio padre del imputado— a familiares y conocidos con la finalidad de conseguir votos. La acusación subraya la intención de aprovechar la vulnerabilidad económica del presunto destinatario.
La defensa, por su parte, presentó la grabación como elemento de desmentido o, al menos, de duda sobre la cronología que sostiene la Fiscalía. La admisión de esa prueba no concluye el debate probatorio; el proceso seguirá su curso una vez comparezca el testigo cuya ausencia hoy impidió la declaración.
Por qué importa ahora
Que un procedimiento de este tipo afecte a la familia del regidor local coloca el foco sobre la transparencia en unas elecciones recientes y sobre la exigencia de garantías en procesos municipales. El aplazamiento obliga además a recopilar y contrastar pruebas esenciales, lo que puede alargar la instrucción y mantener la incertidumbre en el municipio.
La reanudación del juicio en diciembre determinará si las pruebas admitidas y las declaraciones pendientes permiten a la Fiscalía sostener la acusación o si la defensa logra introducir dudas suficientes para evitar una condena.
La causa plantea preguntas sobre la protección de votantes en situación de vulnerabilidad y sobre el manejo de pruebas digitales en procesos electorales, aspectos que las partes y el tribunal deberán dilucidar en las próximas sesiones.
