Ante la investigación que lo relaciona con supuestas comisiones por el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero ha contratado al penalista Víctor Moreno Catena para dirigir su defensa. La primera declaración del expresidente ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional está prevista para el 2 de junio, un trámite que puede marcar un punto de inflexión político y judicial.
El auto judicial que motivó la imputación sitúa a Zapatero en el centro de una estructura que, según la instrucción, habría facilitado beneficios económicos indebidos a través de intermediaciones ante organismos públicos. Los fiscales investigan pagos que podrían rondar los dos millones de euros y apuntan a posibles circuitos de blanqueo mediante sociedades pantalla.
Para hacer frente a estas imputaciones, Zapatero ha confiado en Víctor Moreno Catena, abogado con amplia trayectoria en Derecho Penal y experiencia en litigios de alta complejidad. Moreno Catena es catedrático emérito, trabajó en puestos de responsabilidad en el Ministerio del Interior durante la etapa de Felipe González y en el pasado asumió defensas que atrajeron mucha atención pública y mediática.
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- Fecha clave: comparecencia fijada para el 2 de junio ante el juez José Luis Calama.
- Objeto de la investigación: presuntas comisiones ligadas al rescate público de Plus Ultra en 2021 y posible blanqueo de fondos.
- Importes citados por la instrucción: alrededor de 2 millones de euros en comisiones, según los investigadores.
- Defensa: Moreno Catena, penalista veterano con antecedentes en casos de repercusión política y recursos ante el Tribunal Constitucional.
- Relevancia política: la causa afecta a figuras próximas al actual Ejecutivo y abre un debate sobre responsabilidades y transparencia en ayudas públicas.
La instrucción recoge comunicaciones en las que, según el auto, se alude a gestiones con Zapatero y se emplea un lenguaje familiar entre interlocutores. Ese material, junto con otros indicios, forma la base de la acusación sobre una supuesta red jerarquizada dedicada al tráfico de influencias.
Moreno Catena, de 73 años y originario de Badajoz, tiene en su currículo la defensa de cargos implicados en el caso de los ERE de Andalucía y logró que el Tribunal Constitucional revisara decisiones condenatorias en procesos relacionados. Su trayectoria también incluye la participación en la elaboración de normativa de seguridad en los años noventa y su nombre llegó a barajarse como posible candidato para la Fiscalía General del Estado al inicio del mandato de Pedro Sánchez.
Qué está en juego
La vista del 2 de junio no solo tendrá consecuencias procesales para Zapatero: también puede repercutir en la percepción pública sobre la gestión de ayudas públicas durante la pandemia y en la estabilidad política del entorno del Gobierno actual. Si las investigaciones prosperan, se abrirá un proceso largo y complejo destinado a probar vínculo, intencionalidad y trazabilidad de los fondos.
La estrategia de la defensa previsiblemente se centrará en cuestionar la solidez de los indicios y en desmontar la idea de una estructura organizada con fines lucrativos. A partir de ahora, cada novedad en la instrucción —audiencias, pruebas periciales, análisis bancarios— tendrá impacto político inmediato y seguirá de cerca la prensa y los tribunales.
En los próximos días se podrá evaluar hasta qué punto la experiencia de Moreno Catena influye en la marcha del procedimiento y cómo responde el sistema judicial a una causa que combina elementos financieros, testimoniales y políticos.
