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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como testigo al inspector jubilado Rafael Salvador Moreno, conocido como ‘Torrente’, para que explique sus contactos con la denominada red vinculada a Leire Díez. La petición, fechada el 5 de junio, abre una nueva vía de investigación sobre supuestas maniobras destinadas a minar investigaciones judiciales y a influir en la reputación de jueces y fiscales.
El escrito fiscal reclama además la comparecencia de otras 21 personas. Entre los nombres que figuran como relevantes aparecen militares, dirigentes políticos y empresarios cuya declaración podría ayudar a reconstruir la estructura y el alcance de la trama.
Quiénes están en el listado
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- Rafael Salvador Moreno — inspector jubilado vinculado a contactos con la red de Díez.
- Rubén Villalba — comandante vinculado a causas previas relacionadas con la investigación.
- Cristina Narbona — presidenta del PSOE, solicitada como testigo.
- Joaquín Parra — empresario con antecedentes penales en causas relacionadas.
- Otros 18 citados cuya comparecencia pretende aclarar roles, pagos y comunicaciones internas.
Reuniones y material incautado
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la organización dirigida desde Ferraz mantuvo reuniones con el inspector Salvador en 2020 con el objetivo de obtener documentos y declaraciones que pudieran perjudicar a determinados magistrados. Entre los apuntes hallados figura una carpeta titulada «22 grabaciones Rafael Salvador» en una cuenta de Google Drive atribuida a Díez, que contiene audios y mensajes que la investigación considera significativos.
Los agentes sostienen que la intención de la red no era sólo recabar información, sino también diseñar estrategias para desprestigiar públicamente a jueces y altos mandos policiales implicados en investigaciones sensibles para el PSOE. En el expediente aparece interés expreso por acceder al llamado informe Colombo, un dossier de Asuntos Internos de 2014 que los investigadores consideran clave.
Financiación y relaciones con ex dirigentes
La causa ha identificado movimientos de dinero y vínculos con ex altos cargos autonómicos. Gaspar Zarrías, condenado en el caso ERE e implicado en las pesquisas, reconoció ante el juez pagos a Leire Díez por 16.000 euros —4.000 euros mensuales entre junio y septiembre de 2024— a través de la consultora Zaño Sociedad Consultores SL.
La UCO plantea que esa empresa pudo funcionar como una entidad interpuesta para canalizar retribuciones relacionadas con las actividades investigadas. Los investigadores también apuntan que Díez informaba de sus avances directamente a dirigentes del partido, lo que conecta los pagos con el control político de la información obtenida.
Documentación centralizada: «Operación PSOE»
Los registros incautados incluyen un archivo digital que, según la Guardia Civil, centralizaba correos, autos y actas internas de Asuntos Internos relativas a investigaciones que afectaron al PSOE andaluz desde finales de los años noventa. Ese repositorio, identificado por los investigadores como Operación PSOE, habría servido para monitorizar causas y diseñar respuestas desde la trama.
Qué ha pedido el juez
Además de citar a Rafael Salvador como testigo, el magistrado ha requerido a la dirección federal del PSOE el registro completo de visitas del inspector a la sede de Ferraz: fechas, motivos, horarios y personas que le acompañaron. La orden se basa en la sospecha de que la implicación de ‘Torrente’ podría extenderse más allá de los encuentros documentados en 2020.
La investigación persigue determinar si existió una organización sistemática para condicionar investigaciones judiciales y si hubo reparto de tareas entre quienes obtenían información, quienes la financiaban y quienes la utilizaban políticamente.
Implicaciones y próximos pasos
El avance de estas diligencias puede tener varias consecuencias: de carácter penal, si se acreditan delitos como revelación de secretos o pertenencia a organización criminal; y de carácter político, por el posible uso de recursos y contactos para influir en procesos judiciales. Fuentes judiciales subrayan que las diligencias buscan contrastar grabaciones, movimientos económicos y comunicaciones internas.
Anticorrupción ya ha solicitado la comparecencia de los citados y la documentación requerida; ahora corresponde a la Audiencia Nacional concretar las citaciones y a los investigados aportar las explicaciones que la causa exige. La investigación sigue abierta y los trámites judiciales marcarán si esas reuniones y pagos se traducen en responsabilidad penal o solo en indicios que precisan ser profundizados.
