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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que reúna todos los informes relacionados con la contratación de la denunciante del fiscal José Grinda en una empresa dependiente de la Diputación de Jaén. La solicitud se enmarca en una investigación que apunta a la posible utilización de puestos públicos como moneda de cambio por una red que habría intentado presionar al fiscal.
El escrito remitido por las fiscales, fechado el 5 de junio, busca aclarar si la incorporación de la joven —identificada en el expediente como M. S. R., militante local del PSOE— fue fruto de un proceso legítimo o de una gestión empleada con fines de influencia política.
Qué ha pedido Anticorrupción
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La Fiscalía ha requerido a la empresa Residuos Urbanos de Jaén SA (Resurja) y a otras instancias documentación detallada para reconstruir el acceso al empleo y las circunstancias que rodearon la contratación.
- Tipo y duración del contrato laboral suscrito con M. S. R.
- Funciones desempeñadas y dependencia jerárquica durante el periodo laboral
- Motivos y criterios que justificaron la contratación
- Descripción del proceso selectivo: responsables, candidatos presentados y criterios de valoración
- Posibles causas y fechas de extinción de la relación laboral
- Del Tribunal de Instancia de Majadahonda, copia del procedimiento civil vinculado al caso penal referido al fiscal Grinda
Con esa documentación Anticorrupción pretende, por un lado, verificar si existió manipulación en la adjudicación del puesto y, por otro, reconstruir el expediente judicial que habría sido utilizado como herramienta de presión contra el fiscal.
Movimientos bancarios y el papel del partido
En un auto fechado el mismo 5 de junio, el juez Pedraz ha autorizado además la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) para examinar los movimientos de seis cuentas vinculadas al PSOE entre 2024 y 2025. El magistrado ha anunciado que resolverá de forma separada las diligencias concretas sobre el contrato en Alcaudete.
La causa sitúa parte de los hechos en Jaén, provincia donde la formación tiene una implantación histórica. Según declaraciones recogidas por la Guardia Civil, la afectada admitió que desde 2021 o 2022 había encadenado contratos temporales anuales, con periodos intermedios de inactividad, y que su último contrato finalizó en marzo de 2026, con tareas relacionadas con limpieza viaria y jardinería.
Intervenciones telefónicas incluidas en el sumario y los mensajes incautados muestran comunicaciones entre la presunta organizadora de la trama, Leire Díez, y el diputado nacional Juan Francisco (Juanfran) Serrano, que apuntan a gestiones para acelerar la incorporación de la denunciante en la empresa pública.
Origen y propósito de la operación
Fuentes del sumario sitúan el origen de la estrategia en 2021: la denunciante habría sido contactada por intermediarios —entre ellos un abogado identificado como Yohir Akerman y otra persona llamada Vytenis— y trasladada a Madrid para colaborar en la reapertura de un asunto previo sobre mensajes con contenido sexual. En ese contexto se produjo un encuentro con líderes del partido en la sede de la calle Ferraz.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la reapertura del expediente y la contratación en la entidad pública habrían servido para presionar a Grinda, buscando obtener información sensible sobre su superior y frenar investigaciones que afectaban a personas del entorno político.
En los documentos incautados a una de las implicadas figura una anotación que alude a una cifra elevada —300.000 euros— relacionada con el apoyo a “un fiscal con un problema con una menor”, apuntan las fuentes del procedimiento.
Qué puede pasar ahora
La petición de Anticorrupción y las diligencias ordenadas por Pedraz elevan el caso a una fase en la que se contrastarán pruebas documentales, registros bancarios y declaraciones. Si las investigaciones confirman irregularidades, podrían abrirse líneas penales por delitos relacionados con la influencia indebida y la prevaricación en la contratación pública.
Para el PSOE, la tramitación de estas diligencias plantea riesgos reputacionales y exigirá aclaraciones internas sobre los mecanismos de selección en empresas dependientes de administraciones locales. Para la administración de justicia, el procedimiento será una prueba sobre la posible utilización del empleo público con fines ajenos al interés general.
La causa sigue abierta y la Fiscalía anuncia nuevas actuaciones. Se esperan registros, análisis contable y la práctica de nuevas declaraciones en las próximas semanas; cualquier novedad relevante alterará el alcance político y penal del asunto.
