La redistribución de despachos y partidas del Parlamento de Andalucía tras la configuración resultante de las elecciones del 17 de mayo ha desatado un choque entre los grupos: Por Andalucía anuncia que reclamará al presidente de la Cámara protección frente a lo que considera una merma de recursos y espacio. La decisión—que aplica un criterio proporcional al número de escaños—entra en vigor ahora y condiciona la logística y la financiación de las fuerzas políticas.
La Presidencia del Parlamento ha propuesto ajustar las dependencias y las dotaciones económicas en función de los escaños obtenidos, con una referencia aproximada de 21 metros cuadrados por diputado. Ese criterio altera la ocupación actual de las oficinas y obliga a movimientos, obras y reasignaciones internas.
La principal beneficiaria del nuevo reparto es Adelante Andalucía, que crece desde dos a ocho diputados y amplía notablemente su espacio. Según la propuesta, el grupo de José Ignacio García pasaría de disponer de poco más de 40 m² a contar con más de 170 m², incorporando incluso despachos que antes estaban asignados al PSOE.
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En sentido contrario, Por Andalucía pierde superficie: su asignación se reduciría de unos 188 m² a cerca de 103 m². Su portavoz, Antonio Maíllo, ha anunciado que pedirá amparo al presidente del Parlamento para garantizar lo que considera condiciones dignas de trabajo y suficiente dotación presupuestaria.
- Adelante Andalucía: 8 escaños; deberá trasladarse y ampliar oficinas hasta superar los 170 m².
- Por Andalucía: 5 escaños; espacio estimado baja de 188 m² a 103 m², además de recortes en recursos.
- PSOE: desciende de 30 a 28 escaños; cede parte de sus dependencias a otros grupos.
- PP y Vox: cambios menores; el PP recupera algunas dependencias previamente ocupadas por el PSOE.
Los movimientos no son solo simbólicos. La redistribución implica tareas materiales (traslados entre plantas, adaptación de tabiques, nuevas instalaciones) y una modificación directa de la dotación económica que reciben los grupos para su funcionamiento. Para Por Andalucía, la suma de menos metros y menos presupuesto amenaza la operativa interna y la capacidad de mantener plantilla y actividad parlamentaria.
La propuesta debe recibir el visto bueno de la Mesa del Parlamento. Allí se decidirá si se aprueba la reasignación tal y como se ha planteado o si se incorporan matices para evitar perjuicios excesivos a formaciones con menos representación.
No todas las reacciones han sido de rechazo: el portavoz del PP ha defendido la proporcionalidad como criterio justo y ha recordado que no puede aceptarse que quien cuenta con menos escaños pretenda mantener el mismo espacio que quien tiene más. Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE ha criticado que la propuesta no se haya debatido previamente en la junta de portavoces.
Si la Mesa ratifica el reparto, las consecuencias prácticas se verán de inmediato: mudanzas, alteración de la distribución de salas de trabajo y ajustes en las partidas presupuestarias de cada grupo. Si la disputa llega al presidente del Parlamento o a otras instancias, el calendario para la aplicación podría demorarse.
Por ahora, el conflicto apunta a prolongarse: la aplicación estricta de criterios proporcionales tras una legislatura con distribución «solidaria» en ocasiones anteriores plantea un nuevo mapa de poder y recursos en el edificio de Las Cinco Llagas. El resultado afectará la capacidad de los grupos para desarrollar su actividad diaria y la visibilidad institucional de cada formación.
