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Las entidades locales de la provincia de Málaga podrán emplear el superávit acumulado en 2024 para financiar proyectos sostenibles sin que estas partidas afecten a la regla de gasto de los ejercicios 2026 y 2027. La medida, aprobada por el Gobierno mediante un Real Decreto-ley, abre la puerta a inversiones directas en servicios públicos que buscan mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera.
Quién recibe los fondos y cuánto está disponible
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En total, los ayuntamientos malagueños con remanente positivo y la Diputación Provincial podrán movilizar hasta 153 millones de euros procedentes del remanente de tesorería de 2024. El objetivo es impulsar obras y actuaciones que generen ahorro a medio plazo y refuercen servicios básicos sin que computen en la limitación presupuestaria habitual.
La norma excepciona estas partidas de la norma de gasto para los ejercicios 2026 y 2027, lo que facilita que se planifiquen inversiones más ambiciosas sin penalizar la contabilidad municipal.
Ámbitos prioritarios
Las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) se orientan a proyectos con efecto duradero sobre la solvencia y los costes recurrentes. Entre los usos previstos figuran:
- Ayuntamientos y Diputación: abastecimiento de agua, redes de saneamiento, recogida y gestión de residuos, alumbrado público, infraestructuras de transporte local, centros educativos, atención social primaria, vivienda pública, recursos hidráulicos y proyectos de administración electrónica.
- Comunidades autónomas: actuaciones de eficiencia energética, medidas contra el cambio climático y inversiones destinadas a evitar gastos periódicos, generando ahorros futuros dentro de sus competencias.
Plazos y condiciones
Para beneficiarse de este mecanismo, los proyectos deben haberse puesto en marcha antes del 31 de diciembre de 2026. Si la ejecución no concluye en esa fecha, la porción pendiente podrá comprometerse en 2027, siempre dentro del límite del superávit generado en 2024.
Además, las administraciones que accedan a esta vía tienen que respetar los plazos legales de pago a proveedores, requisito que busca evitar tensiones de tesorería y preservar la disciplina financiera.
Lo que implican los cambios para los malagueños
Según el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, la iniciativa refuerza el apoyo a los gobiernos locales y facilita financiación para mejorar servicios que afectan el día a día de los vecinos. Entre 2018 y 2024, el Ejecutivo central elevó las entregas a cuenta a las entidades locales de la provincia en torno a un 40%, en contraste con el incremento del 14,8% registrado en los fondos PATRICA de la Junta de Andalucía en el mismo periodo.
En la práctica, la disponibilidad de estos recursos puede acelerar proyectos de modernización urbana, optimizar consumos energéticos o reducir costes operativos municipales, con efectos visibles en la calidad de servicios y en la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
La combinación de plazos claros, límites vinculados al superávit de 2024 y una definición orientada a la eficiencia convierte esta medida en una herramienta puntual para que municipios y la Diputación programen inversiones con impacto fiscal y social duradero.
