La Junta Electoral Central ha decidido archivar la reclamación del PSOE que pedía paralizar la comparecencia de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI, prevista para el 20 de abril de 2026. La resolución llega en plena campaña andaluza y plantea dudas sobre hasta dónde puede intervenir el órgano electoral en las actuaciones parlamentarias.
En su resolución, la JEC considera que no le corresponde suspender la convocatoria de una comisión parlamentaria y recuerda la autonomía de las Cámaras para citar comparecientes. El informe apela además a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la **neutralidad institucional** y al funcionamiento ordinario de los órganos constitucionales durante períodos electorales.
La denuncia que ahora se archiva arrancó con varias actuaciones previas. El PSOE-A presentó una reclamación el 21 de marzo por unas declaraciones de la portavoz popular en el Senado, Alicia García; el 31 de marzo formalizó otra denuncia contra el PP por supuesta vulneración del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Y el 13 de abril el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, amplió la demanda para exigir la suspensión de la comparecencia de Montero.
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Cronología y actores
Principales hitos y quiénes intervienen:
- 27 de febrero de 2026: el PP anuncia en rueda de prensa en el Senado la citación de Montero, según su versión.
- 21 y 31 de marzo de 2026: primeras denuncias del PSOE-A relacionadas con declaraciones y uso institucional.
- 13 de abril de 2026: ampliación de la denuncia por parte del PSOE-A.
- 20 de abril de 2026: fecha fijada para la comparecencia de María Jesús Montero en la comisión del Senado.
El PSOE argumentaba que se estaba instrumentalizando una institución del Estado con fines electorales: aludía a ruedas de prensa celebradas en dependencias del Senado, con simbología oficial, y a manifestaciones públicas de dirigentes como Cuca Gamarra que, según los socialistas, habrían contenido imputaciones graves sin respaldo judicial.
Por su parte, Alicia García y otros portavoces del PP rechazaron las acusaciones. Alegaron que la comisión de investigación responde a intereses públicos y que la convocatoria y los anuncios previos no constituyen una desviación de poder; además subrayaron que el anuncio se produjo semanas antes de que se convocaran oficialmente las elecciones en Andalucía.
La JEC valoró esas alegaciones y recalcó que el Régimen Electoral no puede controlar de forma estricta la actividad parlamentaria de las Cortes Generales. No obstante, hizo un llamamiento a la prudencia: pidió a los grupos parlamentarios que extremen el cuidado en sus declaraciones durante el periodo electoral.
Consecuencias prácticas: la resolución deja en manos del Senado la potestad para seguir adelante con la comisión y mantiene abierto el debate político sobre el uso de espacios institucionales en campaña. Si alguna parte decide recurrir, la vía será la jurisdicción contencioso-administrativa o, en su caso, otras instancias judiciales competentes.
En términos de percepción pública, el episodio subraya dos tensiones concurrentes: la necesidad de que los parlamentos investiguen asuntos de interés público y la exigencia, durante campañas electorales, de preservar la igualdad entre partidos evitando la instrumentalización institucional.
