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Documentos judiciales y anotaciones personales de una exmilitante del PSOE sitúan a un despacho sevillano en el centro de una red de contactos que, según la investigación, habría intentado interferir en pesquisas sobre el partido. El hallazgo reaviva preguntas sobre la relación entre asesoría legal, activismo interno y las actuaciones que hoy investiga la Audiencia Nacional.
Apuntes en un cuaderno
En varias páginas del cuaderno investigado aparece la referencia a la firma Constitución 23 como una de las «opciones» para asuntos jurídicos, junto a nombres vinculados al partido y a procesos penales. Las anotaciones combinan apuntes personales, referencias a comparecencias y la mención de un abogado identificado como Juan Carlos Alférez, socio del despacho sevillano.
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La documentación, que forma parte de las diligencias dirigidas por el magistrado Santiago Pedraz, registra datos temporales y comunicaciones que los investigadores consideran relevantes para reconstruir la trama. En uno de los pasajes se detalla la prevista declaración de un exministro y se alude a conversaciones electrónicas que la Guardia Civil habría intervenido.
En los tribunales
El despacho señalado fue, además, el elegido en 2024 por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz para presentar una querella contra el Gobierno autonómico por presuntas irregularidades en contratos sanitarios durante la pandemia. Aquella causa, sobre contratos del SAS valorados en torno a 300 millones, fue archivada por un juzgado de Sevilla.
Ante la difusión de las anotaciones, la firma ha rechazado mantener vínculos profesionales con «las alturas» mencionadas en los cuadernos y subrayó que no representa a las personas investigadas. Su respuesta admite, en todo caso, que puede figurar entre los despachos de referencia en materia de Derecho Penal.
Vínculos y sospechas
Los apuntes de la exmilitante enlazan distintas causas que han pasado por los tribunales en los últimos años: desde la investigación sobre contratos y ayudas públicas en Andalucía —el caso conocido como Isofotón— hasta la macrooperación contra el fraude en hidrocarburos, instruida en la Audiencia Nacional como Hafesa u Operación Drake.
El caso Isofotón, que llegó a investigar préstamos y ayudas por millones de euros entre 2005 y 2012 y acumuló decenas de imputados, terminó archivado en octubre de 2022 por motivos procesales. En el expediente de la Audiencia Nacional sobre los hidrocarburos, las pesquisas describen una red de sociedades instrumentalizadas para defraudar el IVA por un importe estimado de 154 millones.
En los esquemas y diagramas incluidos en las diligencias figura el nombre de Juan Sánchez Yepes, antiguo miembro de la UCO, sobre quien el juez atribuye posibles delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones. Según el auto, Yepes habría cobrado por servicios que, a juicio de la investigación, beneficiaron a personas y grupos vinculados al PSOE.
Un grupo de ‘whatsapp’
Otra pieza que atrae atención es la creación, en agosto de 2024, de un grupo de mensajería denominado «Vacaciones y Viajes». Entre sus participantes aparecen la investigada en cuestión, empresarios y exmagistrados. Fuentes judiciales describen la lista de contactos como una red de interlocutores que, aunque oficializada con título lúdico, habría tenido fines vinculados a la canalización de apoyos y contactos en procedimientos penales.
- Leire Díez: exmilitante cuyos cuadernos están incorporados al sumario.
- Constitución 23: despacho mencionado en las anotaciones; negó relaciones con «las alturas».
- Juan Carlos Alférez: abogado del citado bufete, apuntado en los esquemas.
- Juan Sánchez Yepes: exmiembro de la UCO, imputado por presunta revelación de secretos y otros delitos.
- Santiago Pedraz: juez de la Audiencia Nacional que instruye varias piezas relacionadas.
Las grabaciones y mensajes que aparecen citados en las diligencias —y el cruce de contactos entre activistas, juristas y agentes— son elementos que el tribunal todavía está analizando. La investigación combina documentación manuscrita, comunicaciones digitales y el examen de vinculaciones entre personas con responsabilidades públicas o profesionales.
Por ahora, los hechos descritos en los cuadernos se integran como indicios en piezas separadas: algunas han derivado en archivos por causas procesales, otras permanecen activas y pueden implicar responsabilidades penales si se acreditan ante el juez. La contestación pública del despacho y la continuidad de la instrucción determinarán los próximos pasos.
En las próximas semanas se esperan nuevas actuaciones procesales y declaraciones que permitirán confirmar hasta qué punto las anotaciones y los contactos reflejados en los documentos influyeron en decisiones judiciales o políticas. Mientras tanto, el caso mantiene una doble dimensión: el impacto jurídico y el desgaste político para las personas y organizaciones implicadas.
