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La profesora Susan C. Stokes, directora del Chicago Center on Democracy, publica Los regresores: líderes que erosionan sus propias democracias (Galaxia Gutenberg), un análisis sobre cómo, en el siglo XXI, el riesgo para los sistemas democráticos proviene cada vez más de gobernantes electos que desgastan las reglas desde dentro. El libro resulta especialmente pertinente hoy: estas tácticas afectan alianzas internacionales, la confianza electoral y la capacidad de los Estados para responder a retos como la inteligencia artificial.
Stokes acuña la etiqueta regresores para describir a quienes usan procedimientos democráticos para desmontar instituciones y concentrar poder. Su diagnóstico recorre casos recientes en Europa y América, y plantea preguntas concretas sobre el daño ya causado y las rutas posibles para recuperar la normalidad institucional.
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No hay una tendencia uniforme: en algunos países la presión autoritaria ha perdido fuerza y en otros, sigue creciendo. La retirada de Viktor Orbán del gobierno húngaro y la caída en intención de voto de fuerzas populistas en Suecia ofrecen respiros tácticos; en Estados Unidos, sin embargo, la persistencia de discursos de deslegitimación electoral mantiene viva la amenaza.
El contexto importa: sociedades con menor desigualdad y sistemas redistributivos robustos, como la sueca, proporcionan menos terreno fértil para líderes que prometen «purificar» la política o señalar chivos expiatorios. Pero cambios institucionales —por ejemplo, alteraciones en las normas de nombramiento de tribunales— pueden producir efectos duraderos incluso en democracias consolidadas.
Dos frentes retóricos, un objetivo común
Los regresores suelen articular narrativas distintas según su adscripción política, aunque comparten un objetivo: debilitar el contrapeso institucional. A la izquierda, el blanco suele ser la élite económica global; a la derecha etnonacionalista, los inmigrantes y minorías. Ambos caminos pueden traducirse en políticas opuestas —desde expansión de gasto social hasta restricciones migratorias severas— pero confluyen en ataques a la confianza pública en las reglas del juego.
- Movilización y contramovilización: los discursos polarizadores activan a la base y, a veces, también a la oposición, generando reacciones que pueden neutralizar su efecto.
- Retórica degradante: insultos y descalificaciones públicas dirigidas a instituciones o rivales ensanchan la fractura social sin necesariamente deslegitimar formalmente estructuras como los tribunales.
- Reformas institucionales: cambios en prácticas normativas (por ejemplo, en nombramientos judiciales) pueden alterar el equilibrio de poder a largo plazo.
En la práctica, la retórica polarizante puede resultar contraproducente para un regresor si induce a la oposición a movilizarse; por eso algunos adoptan tácticas más sutiles para minar el sistema sin provocar una reacción masiva.
Casos que ilustran riesgos y resistencias
Estados Unidos: la erosión más visible es la duda sembrada sobre la integridad electoral. Según Stokes, la persistencia de la narrativa de fraude ha inoculado escepticismo en una porción significativa del electorado, con consecuencias que pueden prolongarse más allá de mandatos individuales.
Hungría y Orbán: su modelo sirvió de ejemplo para líderes que buscan consolidar control mediante reforma legal y captura de medios, pero no todos los imitadores comparten su grado de proyecto intelectual o equipo técnico.
Suecia y Alemania: muestran caminos diferentes. Suecia, con su alto nivel de seguridad social, ha limitado la tracción de fuerzas regresivas; en Alemania, el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD) plantea la posibilidad de una regresión temprana, aunque instituciones y actores democráticos siguen siendo fuertes factores de contención.
Un ejemplo de cómo cambian las reglas
Una práctica ilustrativa es la modificación de procesos de designación judicial. Lo que en un momento fue una norma informal—esperar consenso en el Senado para cargos judiciales—puede convertirse en herramienta de pelea política cuando un actor decide dejar de aplicarla, y luego usar ese mismo atajo en su favor. El efecto acumulado de esas rupturas incrementa la politización de cortes y tribunales.
Ante esta posibilidad, las opciones para revertir daños van desde medidas institucionales moderadas hasta intervenciones extraordinarias, como la ampliación del número de magistrados en un tribunal superior. Son alternativas que plantean riesgos y dilemas: ¿restauran el equilibrio o normalizan la excepcionalidad?
Señales de alarma: cómo detectarlas
- Deslegitimación del voto: cuestionamiento sistemático de resultados sin pruebas.
- Captura mediática: erosión de la independencia de prensa por control o intimidación.
- Interferencia en contrapesos: cambios en nombramientos judiciales o en organismos regulatorios para favorecer al ejecutivo.
- Estigmatización de minorías: criminalización o exclusión que reduce la pluralidad política.
- Alianzas internacionales deterioradas: pérdida de confianza entre aliados que afecta la cooperación estratégica.
Detectar estas señales a tiempo aumenta la probabilidad de respuesta eficaz. Pero la respuesta debe calibrarse: acciones precipitadas por parte de actores democráticos pueden replicar los mismos riesgos que se intentan evitar.
Mirada hacia adelante
Stokes mantiene una postura compleja: cree posible la recuperación democrática incluso tras heridas profundas, pero advierte que la restauración no es automática. La pérdida de confianza —entre ciudadanos y entre Estados— deja secuelas que requieren tiempo y políticas deliberadas para ser revertidas.
El horizonte incorpora además nuevas variables: la gobernanza de la inteligencia artificial, las tensiones geoestratégicas y la transformación de la comunicación pública. Para la autora, estos desafíos pueden empeorar si las respuestas políticas consisten en atajos que mimeticen las tácticas de los regresores.
En definitiva, Los regresores plantea que la defensa de la democracia exige, hoy, una combinación de resistencia institucional, reformas prudentes y un esfuerzo sostenido por reconstruir la confianza pública. No hay recetas únicas, pero sí urgencia: lo que está en juego son las reglas que permiten resolver conflictos sin recurrir a la fuerza ni a la arbitrariedad.
