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Bajo la presidencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido reaviva un debate clave para ayuntamientos y destinos turísticos: la implantación de una tasa turística no debe aplicarse de forma automática ni idéntica en todos los municipios. Su propuesta plantea trasladar la discusión al ámbito nacional para buscar soluciones más equitativas y compatibles con la competitividad del sector.
No es una solución única para todos
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Bellido, que también ejerce como alcalde de Córdoba, sostiene que el impacto del turismo varía mucho entre localidades. En algunas genera presión sobre infraestructuras y servicios; en otras la actividad es residual y no justifica gravámenes adicionales.
Por ello rechaza una implantación indiscriminada: cualquier figura nueva debería evaluarse en función del caso concreto y con criterios que permitan distinguir entre municipios con cargas significativas y aquellos que no las padecen.
Alternativas a la tasa
En vez de imponer obligatoriamente un nuevo impuesto, plantea dos vías preferibles: financiar mediante transferencias o crear mecanismos redistributivos desde la comunidad autónoma.
Concretamente, apuesta por la creación de un fondo en la Junta de Andalucía para compensar a los municipios turísticos por los costes adicionales que genera el visitante, evitando así que los ayuntamientos deban aplicar una tasa que podría afectar la demanda.
- Compensación directa: transferencias específicas para cubrir sobrecostes en servicios públicos y mantenimiento.
- Mecanismos fiscales estatales: estudiar si la Ley de Haciendas Locales debe incorporar nuevas figuras que se apliquen de forma potestativa.
- Regulación alternativa: medidas sobre viviendas de uso turístico y planificación para mejorar la sostenibilidad turística.
El argumento económico es claro: un gravamen adicional puede resultar decisivo cuando los operadores turísticos comparan destinos en mercados muy competitivos, lo que obligaría a ser prudentes para no perjudicar la llegada de visitantes.
Qué está en juego
Para alcaldes y responsables locales, la discusión no es solo recaudatoria. A continuación, las principales implicaciones:
- Financiación de servicios públicos y mantenimiento urbano.
- Influencia sobre la competitividad turística frente a otros destinos internacionales.
- Necesidad de criterios objetivo para evitar soluciones desiguales entre municipios.
- La eficiencia de alternativas como fondos regionales o medidas regulatorias sobre alquileres turísticos.
En el caso concreto de Córdoba, Bellido descarta aplicar la tasa en el corto plazo. Al mismo tiempo insiste en que el debate debe centrarse en la planificación y la sostenibilidad, donde iniciativas como un observatorio de sostenibilidad ofrecen herramientas más precisas que un impuesto general.
Finalmente, señala que la última palabra sobre qué tributos pueden cobrar los ayuntamientos recae en la Ley de Haciendas Locales, norma estatal que define el marco fiscal municipal. Por eso propone que cualquier cambio relevante se aborde en clave nacional y, en su caso, deje a los municipios la opción —no la obligación— de adherirse a la medida.
